PEDRO MORENO Estos días, en Comisiones Obreras (cc.oo) hemos escuchado con sorpresa y preocupación la declaración de intenciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria respecto de la crisis de Guaguas Municipales.
La privatización parcial de Guaguas anunciada por el alcalde Jerónimo Saavedra no va a solucionar el problema de esta empresa. Probablemente, lo empeorará. La razón es que los problemas de Guaguas provienen no sólo de la falta de dinero, sino también de la imprevisión con que los responsables municipales han gestionado el servicio en las últimas décadas.
Desde el año 1995, la Federación de Comunicación y Transporte de Comisiones Obreras ha venido solicitando infructuosamente al Ayuntamiento una profunda reestructuración del servicio. Como muchos ciudadanos, éramos conscientes de la profunda transformación que estaba experimentando nuestra ciudad.
Hace unas décadas, teníamos el principal hospital de la isla, los mayores centros comerciales y el estadio deportivo en un radio de apenas cinco kilómetros. Hoy, por el contrario, vivimos en una urbe cuyos principales servicios hospitalarios, comerciales y deportivos se encuentran en la periferia. Sorprendentemente, la red de transporte urbano no ha cambiado en consonancia.
En Comisiones Obreras hemos venido apostando por un sistema cuyos ejes fueran la priorización del transporte urbano, la descongestión de las vías y la gestión empresarial experta. Aprendiendo de la experiencia de otras ciudades, hemos llegado a la conclusión de que el modelo que mejor se ajusta a la realidad consiste en trazar una red de intercambiadores desde los cuales un servicio de guaguas lanzadera enlace el centro con la periferia en frecuencias de pocos minutos. Con este sistema, un ciudadano podría hacer el recorrido desde La Isleta a Tamaraceite en apenas 30 minutos y con sólo dos transbordos.
Hace falta voluntad política para tomar aquellas medidas que venimos reclamando desde hace años, y cuyo coste de introducción requiere inversiones mínimas. Una de ellas es incrementar los carriles bus, y la otra es establecer un sistema de prioridad semafórica para el transporte urbano. Simplemente con esas dos actuaciones, el sistema de guaguas alcanzaría un nivel de calidad muy superior al actual, en el que el transporte público tiene que competir con el vehículo privado por un espacio que, no lo olvidemos, es público.
Sería fácil culpar de la actual situación a los anteriores mandatos del Partido Popular. Sería fácil, si el actual equipo de gobierno, del Partido Socialista, se hubiese destacado por tomar alguna medida, lo que no es el caso.
En el primer año de mandato, la única solución que se ha aportado es la de permitir la entrada de capital privado en la empresa, como si el mero deseo fuera a solucionar problemas que no tienen nada que ver con la naturaleza de los que se sientan en el consejo de administración. Cualquier empresa privada que se incorpore hoy a Guaguas Municipales se va a encontrar con este problema, y nada va a poder hacer respecto de lo que sólo se puede solucionar con voluntad política.
No obviamos el hecho de que Guaguas Municipales tiene un serio problema financiero, pero sería conveniente recordar las causas. Por ejemplo, la bonificación de estudiantes y pensionistas al transporte no es financiada, como debería ser, por el propio Ayuntamiento, sino por la empresa, que se ve así abocada a cargar con las decisiones políticas que se toman desde el Ayuntamiento.
Debemos recordar que entra dentro de la lógica que un servicio urbano de transporte, como servicio público, sea deficitario: la finalidad de las administraciones públicas no es alcanzar la mayor rentabilidad, sino el mejor servicio ciudadano. No obstante, un modelo de financiación óptimo se consigue sobre la base de una política fiscal no electoralista y una gestión empresarial experta.
En la Federación de Comunicación y Transporte de Comisiones Obreras hemos observado cómo el Partido Socialista y el Partido Popular, al igual que el Ayuntamiento y el Cabildo, se ponían de acuerdo en la recuperación de infraestructuras como el teatro Pérez Galdós, cuyo coste es casualmente el mismo que el déficit de Guaguas Municipales. Un año después, nos quedamos atónitos al escuchar al alcalde Saavedra decir que tenemos un teatro para una selecta minoría de "nuevos ricos".
Tal vez es el momento de reflexionar si no es posible alcanzar el mismo consenso para un servicio al que diariamente acceden no mil, sino cien mil ciudadanos. Si eso fuera posible, el alcalde podría estar seguro de que en el futuro no tendría que lamentarse de haber reflotado un servicio público destinado, en cambio, a una amplia mayoría.
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